La sala #3 del Tribunal Federal en San Juan está llena; las palabras que se escuchan entre el murmullo colectivo son en inglés. Las pronuncian principalmente hombres blancos en gabanes oscuros, que se callarán de un golpe, cuando entre una mujer negra: la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain.
Es el 9 de agosto, y faltan 40 minutos para que comience la sesión, la tercera del Título III bajo la ley federal PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016) donde se dilucida el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, el más grande en la historia de una jurisdicción estadounidense. Aquí se perciben las tensiones de la batalla legal por el cobro de $74,778 millones de deuda, que tendrá repercusiones para toda la población y para personas fuera de la isla. Esta deuda se suma a las obligaciones del sistema de pensiones, que ascienden a $49 mil millones.
La aglomeración de un centenar de abogados en esta sala no debe confundirse con representación de la mayoría de la gente a la que el caso impacta. Muchas de las personas que tienen deuda del gobierno no están representadas, como por ejemplo, los llamados bonistas individuales: inversores inexpertos que confiaron sus ahorros a fondos mutuos como Franklin Advisers y Oppenheimer Funds, o a casas de corretaje como Popular Securities, UBS o Santander Asset Management.
Por el contrario, la batalla legal por los fondos públicos bajo el Título III la protagonizan inversionistas especializados: compañías de fondos mutuos, fondos buitre expertos en litigar por el cobro de deudas, y compañías aseguradoras de bonos responsables de pagar el total de la deuda a sus clientes. Las aseguradoras reclaman en conjunto $21 mil millones.
La estrategia de los abogados de estas empresas, con grandes cantidades de dinero que ganar o perder en la deuda de Puerto Rico, en ocasiones, se torna violenta.
“Soy de Queens (Nueva York) y recuerdo que, cuando no pagas, hay consecuencias”, dijo durante la vista Susheel Kirpalani, abogado de las firmas de inversión que integran la Coalición de Bonistas Seniors de Cofina, en obvia referencia a la práctica común del bajo mundo, en donde se amedrenta o se asesina al deudor. El deudor en este caso es el Estado Libre Asociado, que se supone que está representado por la Junta de Control Fiscal (JCF) que impuso el Congreso de Estados Unidos un año atrás bajo la ley PROMESA, para que el gobierno pague y pueda volver a emitir deuda.
Si el escenario era complicado, luego del huracán María entra en juego una nueva factura para el gobierno de Puerto Rico que podría superar la de la deuda pública: la de los daños causados por el disturbio atmosférico, que podrían fluctuar de entre $45,000 millones y $95,000 millones, estima un informe de Moody’s.
Según el gobernador Ricardo Rosselló, en la cuenta del Departamento de Hacienda quedan solo $2,000 millones, por lo que el gobierno alertó que podría quedarse sin dinero en octubre. Desde junio la Junta de Control Fiscal advirtió que el gobierno podría quedarse sin dinero para la nómina de los empleados públicos en noviembre o diciembre.
La pregunta que todos tienen en la mente es si las firmas de inversión que reclaman millones en deuda seguirán adelante con sus reclamos bajo el nuevo panorama del país; que ahora, a casi un mes de la tormenta, tiene más de 5,000 refugiados, comida y agua potable racionada, con solo una parte de sus hospitales funcionando, 90% de la isla sin servicio de energía eléctrica y fallos generales en las telecomunicaciones.
“Tenemos que mirar toda la estructura de su deuda. Deben mucho dinero a los amigos de Wall Street y tendremos que eliminar eso. Vamos a tener que decirle adiós a eso. No sé si es Goldman Sachs, pero quien sea, se puede despedir de eso. Tendremos que hacerlo porque la deuda era masiva en la Isla”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de su visita relámpago a Puerto Rico en una entrevista a Fox News. Al día siguiente, el director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, le salió al paso en otra entrevista: “creo que lo que escucharon decir al presidente es que Puerto Rico tendrá que encontrar una manera de resolver su problema de deuda”.
En efecto, Goldman Sachs Asset Management (GSAM) compró $120 millones en la emisión de bonos de Obligación General que hizo el gobierno de Puerto Rico en 2014, mientras Goldman Sachs & Co., otra de las divisiones de The Goldman Sachs Group, fue uno de los bancos vendedores de esa emisión. En 2015 GSAM llegó a tener $1.3 mil millones en bonos de la isla.
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