La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó esta semana que la Policía de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE), puede deportar a residentes legales con antecedentes penales, sin presentarlos ante un juez y negarles el derecho a fianza, aunque hayan cumplido sus condenas, afectará a miles de dominicanos en esa situación, cientos de los cuales, son repatriados cada mes.
Uno de los casos, es el que enfrenta la dominicana Saudhi Cárdenas Silver, quien lleva dos años presa en la cárcel de Rikers Island en Queens, por convicción de una infracción de tránsito y enfrenta la deportación a la República Dominicana.
Ella tendrá una audiencia en la corte de inmigración en Manhattan, el 14 de abril y sus familiares dijeron que ya sobrepasan el límite de la desesperación.
Cárdenas Silver, ha hecho varios cursos académicos y ha aprendido oficios en la prisión, esperando que eso la ayude a que la orden de ICE sea anulada por un juez.
Como el de ella, se verifican cientos de casos de dominicanos y dominicanas, que han sido repatriados y otros esperan sus audiencias, con numerosos de ellos, procesados por delitos menores como violar ordenanzas municipales y restricciones migratorias como pasarse del tiempo de las visas, olvidarse de fechas en la corte migratoria o acusados de perjudicar la calidad de vida en sus vecindarios, bebiendo alcohol en las calles, tirando papeles en las calzadas u orinando en las vías públicas y otras violaciones civiles, no criminales.
Entre ellos, los hay que han cumplido hace décadas sentencias de cárcel por delitos en segundo grado como posesión de drogas controladas como la marihuana, arrestados con pastillas recetadas en las calles o los aeropuertos y otros delitos graves, pero desde 1996, cuando se aprobó la aplicación retroactiva, las autoridades de inmigración no toman en cuenta una disposición congresual vigente que establece que si un condenado por un delito menor, lleva 10 años sin problemas, no está sujeto a deportación.
La misma regla, aplica a los indocumentados que tengan esos mismos años, sin problemas con la policía y la justicia, pero las políticas anti inmigrantes del presidente Donald Trump, no las respetan.
“A pesar que haya personas afectadas con esto, el abogado siempre va a intentar una moción, el abogado siempre va a tratar de distinguir la situación de su cliente, de lo que la corte suprema ha dicho. Va a ser una batalla muy larga, pero aun así no quiere decir que la persona no va a ser automáticamente deportada”, le dijo a la cadena Univisión, abogada Ingrid Echevarría.
La decisión de la Corte Suprema establece que el Gobierno puede detener, sin una audiencia de fianza, a inmigrantes con antecedentes penales, incluso si han pasado años desde que fueron liberados de las cárceles.
La decisión, fue tomada con votación de 5 – 4, apoyando parte del ataque de Trump a los inmigrantes del mundo en Estados Unidos.
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