El magistrado Ramón Horacio González Féliz, de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, varió la medida de coerción para ocho de los imputados en el caso de la familia Tremols Payero, mientras que otros dos mantuvieron la medida de coerción anterior en el conocimiento del recurso de apelación para la variación de medidas de coerción impuestas a los acusados de fraude fiscal por RD$4,000 millones y que sobrepasa los RD$9,000 millones con intereses y moras, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Ramón Rafael Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Carmen Adela Tremols Cruz, Eddy Samuel Tremols Payero, Doris Alexandra López Urbáez y Leonardo Tremols Payero deberán cumplir seis meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo (Hombres y Mujeres, según corresponda), con la excepción de Maritselly Cruz López, exesposa de Ramón Rafael y Rafael Tremols Acosta, padre del principal imputado.
Según la acusación, estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales para realizar la supuesta maniobra fraudulenta, entre las que se encuentran: Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L., entre otras.
Antecedentes
Valiéndose de reportes de compras ficticias a empresas inactivas o sin estructura para realizar ventas millonarias, entre 2012 y 2017 el Grupo Tremols habría defraudado al Estado por un monto de RD$4,127.5 millones, que se elevan a RD$9,321.7 millones si se suman recargos e intereses, según la querella.
Es un caso de defraudación tributaria sin precedentes en el país que fue detectado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que a través de sus mecanismos de control se percató de que algunas de las empresas del cártel Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.
Las autoridades tributarias determinaron que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF).
Algunos de los propietarios de las compañías que supuestamente vendían mercancías a las empresas del Grupo Tremols Payero, admitieron que no tenían relación con estas últimas, que no vendían los productos indicados en las facturas falsas que se producían, que no habían autorizado el uso de sus Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para tales operaciones, e incluso que sus empresas estaban sin operaciones.
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