El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana Francisco Ortega Polanco dispuso este viernes el envío a juicio de fondo seis personas por el por el caso de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber repartido en el país para hacerse con obras públicas.
Son ellos el senador del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán Grullón; el exministro de Obras Públicas y miembro de la organización oficialista Víctor Díaz Rúa, y el expresidente del Senado Andrés Bautista García, quien es dirigente del opositor Partido Revolucionario Dominicano. Además, el exsenador y exdiputado miembro del PRM Roberto Rodríguez Hernández ; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, a quien el Ministerio Público acusa de ser testaferro de Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien las autoridades señalan como el receptor y distribuidor de los 92 millones de dólares que la empresa admitió pagó como sobornos en el país entre 2001 y 2014. El magistrado ratificó las medidas de coercion dispuestas por este mismo juzgado contra ellos.
Asimismo, dictó auto de no ha lugar en favor de Jesús Vásquez Martínez, también ex presidente del Senado y dirigente del PRM, por considerar que son insuficientes las pruebas en su contra.
El magistrado emitió su resolución sobre el caso luego de estudiar las exposiciones de las defensas de los acusados, en un proceso que concluyó el pasado 8 de mayo, un día después de que el Ministerio Público concluyera con sus exposiciones solicitando el envío a juicio de todos los imputados.
Ratificó las acusaciones que contra el grupo ha hecho el Ministerio Público por presuntos actos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La defensa ha negado todas las acusaciones. Con anterioridad solicitó que el juez desestimara el contenido del expediente instrumentado por el Ministerio Público.
En un principio, en República Dominicana fueron acusados 14 personas, entre ellas seis de los siete acusados en la actualidad. A todos se les impuso prisión preventiva, aunque luego salieron mediante recursos judiciales.
Luego, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte un nuevo expediente acusatorio en contra solo de siete de los acusados.
Antes de que estos procesos avanzaran, Odebrecht llegó a un acuerdo con las autoridades locales por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
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