El alcalde de Santiago, Abel Martínez, rechazó la intimación que le hizo el procurador fiscal para que desarme a los miembros de la Policía Municipal, al tiempo de indicar que el representante del Ministerio Público carece de potestad para inmiscuirse en asuntos edilicios.
En un comunicado de prensa enviado por la oficina de relaciones públicas del cabildo local, considera como una desconsideración y desconocimiento de la ley que el titular del Ministerio Público quiera involucrarse en asuntos que competen a una institución que cumple con lo establecido por la Ley 176-07 que rige los ayuntamientos y los distritos municipales.
Indica que el procurador fiscal, José Francisco Núñez, debió proceder conforme a lo que dispone el artículo 59 de la Ley 137-11, iniciando un procedimiento de conflicto de competencia por ante un Tribunal Constitucional.
Afirma que al procurador fiscal la ley no lo faculta para ordenar a un ayuntamiento, ya que corresponde exclusivamente al Ministerio de Interior y Policía.
"Pero el fiscal Núñez tampoco observó el artículo 104 de la Ley 176-07, actitud que lo coloca como un desconocedor del procedimiento", sostiene el documento del ayuntamiento de Santiago.
Agrega que la alcaldía rechaza que el fiscal santiagués trate de cuestionar la función de la Policía Municipal, por lo cual la actitud del representante del Ministerio Público es “un irrespeto a la autoridad municipal”.
Precisa que la misión de la Policía Municipal es cuidar, vigilar y preservar los bienes municipales como parques, mercados, cementerios, mataderos, galleras, plazas, plazoletas, instalaciones deportivas, centros comunales y áreas verdes.
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