El Tribunal Supremo de Puerto Rico anunció este miércoles que la enmienda de una ley que permitió la juramentación el pasado viernes de Pedro Pierluisi como gobernador de la isla es inconstitucional, lo que invalida su asunción al cargo.
El presidente del Senado, Thomas Rivera, interpuso una demanda el fin de semana pasado al considerar que la juramentación el pasado viernes de Pierluisi en sustitución de Rosselló no era legal ya que no recibió el aval de la Cámara Alta, aunque si de la Cámara de Representantes de la isla.
La legalidad y juramentación de Pierluisi quedó en entredicho para expertos, abogados, políticos y medios de comunicación locales debido a las diversas interpretaciones de la ley y la Constitución.
La Ley 7 de 24 de julio de 1952, según una enmienda en 2005, establece que no es necesario que el secretario de Estado de la isla haya sido confirmado por el Legislativo para asumir la Gobernación de manera permanente. Fue con base en esta ley que Rosselló designó a su sucesor.
Pero la Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con uno de los principales medios de la isla El Nuevo Día, que basa su información en fuentes del alto tribunal, éste anunciará que la Ley 7 es inconstitucional. De ser así, Pierluisi podría verse obligado a renunciar al puesto.
Constitucionalmente el orden de sucesión en Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., ante una vacante en la gobernación establece que le debe suceder el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia, cargo ocupado por Wanda Vázquez.
Rosselló formalizó su dimisión el pasado viernes tras el escándalo generado por su participación, junto a varios asesores, en un chat privado en el que se insultaban a numerosos colectivos y que provocó una ola de manifestaciones.
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