Wanda
Méndez
Santo
Domingo Listin Diario
El
juez de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de
prisión preventiva en contra de uno de los acusados de asesinato de
una pareja de envejecientes ocurrido en el sector de Gascue, el pasado martes.
El
juez José Alejandro Vargas dispuso que Francisco Alberto Durán
Rosario (Francis) cumpla la medida de coerción en la cárcel del 15
de Azua.
En
tanto que a Yoel Antonio Mañón Pimentel (Cacón), otro de los implicados
en el asesinato de María del Carmen Revalderia Cordero y Carlos Carrera
Amil no se le ha conocido medida de coerción.
El
hecho ocurrió en fecha 26 de junio del año 2017, aproximadamente a las 5:00 de
la tarde, en la calle Rosa Duarte, edificio residencial El Escorial V,
del sector Gascue.
De
acuerdo con el expediente, luego de realizar sus labores como conserje en el
residencial, Durán Rosario fue al apartamento de las víctimas y le
infirió varias puñaladas a la dama.
“Durante
el ataque contra María del Carmen, el imputado escuchó la puerta de entrada a
la casa abriéndose, por lo que se detuvo y se escondió detrás y cuando la
víctima Carlos Carrera Amil entró, el imputado de inmediato arremetió contra él
y le infirió varias estocadas” detalla la Fiscalía.
Agrega que
después de cometer los asesinatos, sustrajo de la residencia la suma de siete
mil pesos dominicanos, treinta euros y el vehículo marca Hyundai, modelo
Accent, color blanco, placa A591853, propiedad de las víctimas.
Detalla el informe que tras emprender la huida, Francisco
Alberto se dirigió en el vehículo a la casa de su amigo Yoel Antonio Mañón
Pimentel (a) Cacón en Los Alcarrizos, pero al no encontrarlo allí se fue a
buscar a su pareja, menor de edad, a quien le contó lo sucedido.
La Fiscalía dice que el imputado, en horas de la noche, quemó la
ropa que había usado, en una cañada cercana, con el objetivo de desaparecer
evidencias del hecho, y planificó un viaje a Azua para el día después, 27 de
junio, día en el que fue encontrado el vehículo, abandonado en un terreno
baldío.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal
Waner Alberto Robles de Jesús, le ha otorgado al presente caso la
calificación jurídica de violación a los artículos 296 y 302 y 304, 379, 382 y
386-2 del Código Penal Dominicano, así como 83 y 86 de la Ley 631-16 para el
control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
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