SANTIAGO. El juez del Tribunal de los servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso ayer tres meses de prisión preventiva a dos empleadas del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez e impedimento de salida del país y presentación periódico a otra, por la pérdida de medicamentos valoradas en varios millones.
El magistrado Luis Ernesto Torres Paulino dictó a Solangel Taveras García y a Francisca Isabel Ramírez tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres, mientras que a Jennifer Toribio le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El Ministerio Público ni el hospital Cabral y Báez se querellaron contra Jennifer Toribio, quien junto a las demás trabajaba en el almacén de la farmacia fueron suspendidas al conocerse el desfalco de los medicamentos.
Eugenio D’Aza y Domingo Estévez, abogados de las imputadas, condenaron y criticaron la decisión del Tribunal, ya que a su entender no existían suficientes indicios en contra de sus defendidas.
“Esto es lo que se puede decir crónica de una muerte anunciada, los jueces del tribunal lo que hicieron fue vaciar unas órdenes en el expediente”, precisó Estévez.
Anunciaron que en los próximos días apelarán la decisión.
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