SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció este jueves el sometimiento a la Justicia de once personas, entre ellas funcionarios públicos, ex funcionarios y empresarios, acusadas de la venta irregular de terrenos del sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este.
Los sometidos son la actual registradora nacional de Títulos y ex registradora del Distrito Nacional, Rosabel Castillo; el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico de CORDE; Manuel Aybar Ferrando, ex gerente inmobiliario de la misma institución así como los empresarios Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Caro , Julio César y Juana Inés Gómez Williams. Estos tres últimos son hermanos y principales accionistas de dos de las empresas involucradas en el dolo.
Además, José Enrique de Pool Dominicci y los agrimensores Antonio Ozuna Nolasco y Adonis Ruiz Mella.
El Procurador dijo que contra todos ellos han sido emitidas órdenes de arresto, que están siendo ejecutadas con carácter inmediato.
“La presunta trama de corrupción es compleja pero tenemos pruebas de que los imputados actuaron de mala fe y de manera coordinada para estafar a miles de familias de Los Tres Brazos y a la nación entera en beneficio propio”, enfatizó.
El funcionario hizo el anuncio durante una rueda de prensa en la Procuraduría, acompañado de otros funcionarios de esta dependencia, en la que señaló que la actuación de las autoridades ha sido hecha como parte de “una relevante operación del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en este país”.
Explicó que la investigación sobre este caso comenzó luego que medios de prensa publicaran en el 2016 que CORDE había vendido a una empresa privada tres parcelas de suelo público correspondientes al sector Los Tres Brazos por la “mísera suma” de 80 millones de pesos, un monto que -según el Procurador- es rídiculo si tomamos en cuenta que se trataba de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63 mil habitantes.
El funcionario destacó que esta venta fue hecha mediante una “maniobra dolosa” en la que intervinieron distintas personas.
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