La condena de cinco años de prisión que le impusieron a Marlin Martínez por la sustracción de Emely Peguero y el ocultamiento del cadáver, ha generado un torbellino de disgustos, no solo entre los munícipes de esta ciudad, sino también en la Procuraduría General, la cual seguirá dando la batalla para tratar de lograr una pena mayor.
El debate se trasladará ahora a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, según anunció anoche en rueda de prensa el procurador general, Jean Alain Rodríguez, quien no quedó conforme con la decisión que tomó por unanimidad el tribunal en contra de Marlin. Aseguró que los representantes del Ministerio Público demostraron que Marlin tuvo participación antes, durante y después del hecho.
“No apelaremos por un capricho, no apelaremos por un deporte, apelaremos porque tenemos derecho a apelar y porque nos sentimos indignados al igual que la población de que se le haya otorgado la categoría de ocultamiento del cadáver y no de complicidad”, dijo en su alocución el procurador.
Ayer inmediatamente los jueces leyeron el fallo, los munícipes de San Francisco de Macorís se lanzaron a las calles en protesta.
Los alrededores del Palacio de Justicia fueron rodeados por personas que lanzaron piedras, basura y escombros a las calles, en rechazo a la decisión tomada por los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Inoa y Arelys Camacho.
Los acontecimientos violentos comenzaron dentro del salón de audiencias, pues mientras los jueces leían la sentencia, el señor Genaro Peguero, padre de Emely golpeó fuerte la mesa en donde estaba y salió maldiciendo que le impusieron sólo 5 años a Marlin, cuando el Ministerio Público solicitó 20 años.
También el abogado José Hoepelman, vociferó en el Tribunal que mientras en la Justicia se sigan buscando subterfugios para asegurar la impunidad “jamás tendremos el país que nos merecemos”.
Momentos después, cuando las partes salieron del Tribunal, Genaro, Peguero trató de agredir al abogado de Marlon, Ricardo Reina.
Luego comenzaron las protestas violentas y los cuerpos especializados de la Policía Nacional y del Ejército, más de 110 efectivos, trataron de dispersar las manifestaciones con bombas lacrimógenas.
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