El programa favorece el desarrollo gradual de las labores administrativas y jurisdiccionales apoyado en herramientas digitales y tomando las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del COVID-19.
Se han tomado previsiones para garantizar las condiciones de salud y seguridad en los centros de trabajo, tomando como referencia las medidas internacionalmente aconsejadas.
A fin de mitigar el riesgo de propagación, se establecerán centros de control tanto en las entradas peatonales de los edificios como en las entradas a los parqueos de las sedes del Poder Judicial, donde se deberán cumplir las normas de seguridad recomendadas para prevenir el contagio.
En cuanto a la labor jurisdiccional y administrativa, el plan de continuidad de labores judiciales contempla la apertura gradual, partiendo de la fase actual en donde se mantienen en funcionamiento, únicamente, las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal.
Antes de pasar al primer grado de apertura, el Poder Judicial realizará limpieza y adecuación de sedes judiciales, definición del personal que trabajará de forma presencial, simulacro de controles de acceso, divulgación del plan de retorno, distribución de materiales de protección a servidores judiciales y organización interna de los trabajos jurisdiccionales y administrativos.
Se prevé una fase inicial, una intermedia y una avanzada, con el orden y las fechas en que cada Distrito Judicial y sus dependencias, retornará a las labores administrativas y jurisdiccionales de forma presencial habilitando su acceso al público en función de la realidad sanitaria del país.
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