Partida asignada al Poder Judicial todavía es menor al 1% del Presupuesto

SANTO DOMINGO. Aunque el Consejo de Ministros aprobó un aumento de más de mil millones al presupuesto del Poder Judicial para el año 2018, esta partida no representa ni un 1% del Presupuesto General de la Nación, no cumpliéndose, una vez más, con lo que establece la ley.

Para administrar justicia el año que viene, al Poder Judicial le aprobaron una partida de RD$7,422 millones. Para este fueron RD$6,406, lo que según ese poder del Estado representó sólo un 40% de los RD$14,329 solicitados.

El reclamo por la asignación del 2.66 por ciento en el Presupuesto General del Estado al Poder Judicial, uno de los puntos analizados durante la pasada Cumbre Nacional Judicial, sigue siendo un tema pendiente para la administración de justicia.

Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, al dejar en funcionamiento el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, reiteró la necesidad de que a dicho poder del Estado se le atribuya lo que por ley le corresponde.

Aunque rehusó referirse en ese momento a la partida aprobada por el Consejo de Ministros para las labores administrativas y judiciales del año 2018, el presidente de la Suprema dijo que les hace falta dinero.

“Hace falta dinero, dinero. Los presupuestos se envían a los poderes correspondientes y ahí está todo explicado”, refirió cuando se le cuestionó sobre la paralización de la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo.

En la Cumbre Judicial se acordó garantizar la independencia interna del Poder Judicial e impulsar las acciones concretas para lograr la asignación del 2.66% del presupuesto.

El año pasado, Mariano Germán dijo que los RD$800 millones añadidos al presupuesto para el 2017 representaba “un ínfimo” aumento que no daría respuesta a las necesidades del sistema de justicia.

Explicó en ese entonces, que llegarían a 12 los años en los cuales no se observan las disposiciones establecidas en la Ley 194-04, que otorga autonomía funcional, administrativa y presupuestaria al Poder Judicial.