La revelación la hizo el presidente del organismo de elecciones dominicano, Julio César Castaños Guzmán, quien la semana pasada sostuvo una reunión de más de dos horas con el embajador de España, Alejandro Abellán García de Diego y los ejecutivos de la empresa suplidora.
“El hecho de que es una inversión de una compañía española y habiendo un acuerdo firmado en el 1995 entre el Estado Español y la República Dominica es perfectamente viable, posible y natural que la diplomacia española, en función a la defensa a los intereses a una compañía que tiene esas particularidades, intervenga”, enfatizó.
Precisó que los españoles están reclamando una deuda de US$13.9 millones, para lo cual se están acogiendo a los términos del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Dominicana, firmado en marzo de 1995. Dicho acuerdo establece que las controversias que surjan entre un inversionista y la parte contratante y no pudieran ser resueltas en un plazo de seis meses irían a un Tribunal de Arbitraje ad-hoc.
Al respecto, Castaños Guzmán aseguró que, de llegar a la justicia, el caso deberá ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo de República Dominicana, porque así lo establece el contrato firmado con esa compañía en diciembre del 2015. En consecuencia, descartó un tribunal de arbitraje.
Afirmó que la JCE no está en disposición de hacer el pago correspondiente hasta tanto la Cámara de Cuentas establezca el estatus financiero con Indra.
Dijo que existe la posibilidad de recurrir a algún tipo de indemnización por el pobre desempeño de los equipos suplidos por Indra.
“Esta Junta es absolutamente soberana en las decisiones que va a tomar sobre el particular y, además, es incorruptible e ingobernable y nadie absolutamente nadie puede pretender ponerle directrices a esta institución que es absolutamente soberana”, aseveró.
Asimismo, Castaños Guzmán destacó que el último pago realizado por esa institución a Indra Sistema fue en junio del pasado año 2016, lo que pone en evidencia que la anterior administración de la JCE no pagó; “o sea, tenía algún grado de insatisfacción”.
La notificación
La Junta notificará a la empresa Indra que en virtud al Código Civil recurrirá a la suspensión del plazo de prescripción de los dos años de la responsabilidad contractual a vencerse el próximo 5 de diciembre.
El almacén
En un espacio de 1,700 metros, la JCE guarda los más de 42 mil equipos de registro de concurrentes, impresoras y de escrutinios de los votos utilizados en las pasadas elecciones. En el almacén, ubicado a escasos metros de la sede principal, se guardan en cajas y protegidos con lonas, los equipos de tecnología.
En el área sólo funcionan ventiladores, los cuales no dan abasto para refrescar el amplio salón que cuesta a la Junta mensualmente US$15 mil. Conforme al desglose en el lugar hay 16,244 equipos de registros de recurrentes; 16,187 impresoras y 16,134 unidades para el escrutinio de los votos.
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