SANTO DOMINGO. Los reclamos que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, ante el mandatario Danilo Medina, de un mayor presupuesto para el Poder Judicial, concitaron ayer el respaldo de diversos sectores de la sociedad.
Con la queja de que una Justicia sin recursos no puede ser un eje de la seguridad jurídica, ni tampoco puede constituirse en referente de la cohesión social, se identificó la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Su vicepresidente, Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró que ha llegado el momento de dar un paso adelante en la solución institucional de esa irregularidad.
“Lo que procede en términos institucionales es el uso de los recursos democráticos consignados en nuestra Constitución para garantizar una mejoría del Poder Judicial, esto es, que se haga constar la existencia de un conflicto de competencia que sea resuelto por el Tribunal Constitucional”, planteó. Al ser dos poderes del Estado que están conminados a velar por un mismo asunto de orden público, considera que se hace necesaria la intervención de este órgano constitucional para obtener una respuesta jurídicamente óptima.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, aseguró que se debe luchar para que la Justicia sea cada vez más independiente y esté al servicio de todos
“El Estado dominicano argumenta que ha incrementado el presupuesto en más de un 86% en los últimos cuatro años, según lo expresa Flavio Darío Espinal. Por nuestra parte tan importante como los recursos, es que exista una actitud y un comportamiento inquebrantable de parte de toda la sociedad y en especial de nuestro Poder Judicial”, precisó. Sostiene que se debe a apostar a que la República Dominicana pueda tener confianza plena en su sistema judicial y que la Justicia sea igual para todos.
El jurista Eduardo Jorge Prats espera que el presupuesto del Poder Judicial siga aumentando en los próximos años a fin de hacer frente a la creación y llenar nuevas plazas judiciales, y fortalecer la seguridad jurídica indispensable para el aumento y conservación de la inversión nacional y extranjera.
“Esperamos que se siga luchando contra la corrupción judicial y administrativa, preservando el derecho al debido proceso de los jueces e imputados y sin caer en el populismo penal y disciplinario”, destacó.
Además, asevera que resulta fundamental el fortalecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, dotar de un nuevo local al Tribunal Superior Administrativo y crear un Tribunal Superior Administrativo en Santiago.
El director ejecutivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-RD), Iván Ogando, sostiene que, si bien se ha aumentado el presupuesto del Poder Judicial, persisten necesidades que demandan mayores recursos.
“El fortalecimiento institucional de la Justicia dominicana no solo implica mayor presupuesto, sino también seguir avanzando en el fomento de valores fundamentales, como legalidad, imparcialidad, profesionalismo, meritocracia e independencia para ganar la confianza de la población en general”, refirió.
Para este 2018, el Poder Judicial tendrá un presupuesto de RD$7,422 millones, recursos que no llegan ni a un 1% de la asignación del 2.66% que, conforme a la Ley 194-04, le corresponde del Presupuesto General de la Nación.
Todos contra los feminicidios
El llamado del presidente de la SCJ a luchar contra el feminicidio es clave, según el jurista Eduardo Jorge Prats, y calificado de acertado por Castaños Guzmán. Brache, del Conep, sostiene que la educación desde el núcleo familiar y en las escuelas es vital: “Debemos entender que la vida es algo precioso y que una que se pierda es una tragedia y más aun si es una mujer”.
Pese al respaldo, la FINJUS manifesta preocupación de que la iniciativa contra los feminicidios pudiera terminar siendo una nueva expresión de buenas intenciones. Mientras Ogando afirma que la Justicia juega una parte fundamental, pero no suficiente, para cambiar la secular cultura machista. Es necesario, indica, el accionar de todo el Estado, la sociedad civil, medios y demás para garantizar la protección y los derechos igualitarios de la mujer.
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