Bajo estrictas medidas de seguridad fueron trasladados desde la Comandancia Sur-Central de Baní al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia los acusados de la muerte del coronel de la Policía Preventiva del municipio de Baní, Daniel Ramos Álvarez, ocurrida el pasado martes en un punto de droga.
La audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Rafael Antonio Díaz, (a) Buche; Luis Miguel Santana y/o Walter Antonio Moreta Villalona, alias El Chamo, y Steven Milciades Ruiz González, alías Chiquito y/o Malafé fue aplazada minutos después de iniciada, a petición del abogado de la defensa. Se conocerá el próximo martes 15 de enero, a las 9:00 de la mañana.
“La Procuraduría de Peravia tiene 48 horas que elaboró el expediente y el día de ayer es que decide solicitar la instancia para conocer la medida de coerción, y nosotros como abogado de los imputados, no se nos ha notificado y no tenemos nada que pueda crear las condiciones de manera digna para hacer una defensa en favor de los imputados. Es por eso que amparados en el artículo 12 del Código Procesal Penal y el artículo 39 de la Constitución procedimos a solicitar la suspensión con una actitud contraria de la Procuraduría que quería a toda costa la celebración de esta audiencia, violando los principios de defensa”, argumentó el abogado Jorge Alberto de los Santos.
De su lado, Julio Peña, abogado de la víctima, afirmó que la solicitud de aplazamiento es una posición entendible y “estamos dispuestos a pelear en cualquier momento”.
La audiencia fue celebrada a puertas cerradas y solo les fueron permitidos dos minutos a la prensa para hacer foto y vista de la sala de Atención Permanente de la Fiscalía de Baní donde se encontraban los acusados.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, asesinato, tentativa de asesinato, rebelión con armas a la autoridad, porte, tenencia y uso ilegal de armas de fuego, y la Ley Número 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja y 18 meses de coerción.
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