Los abogados de los dueños de la barbería de Villa Vásquez en la que, supuestamente, la fiscal Carmen Lisset Núñez y varios agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) implantaron droga presentarán ante la Procuraduría General de la República una querella formal contra esa servidora y sus acompañantes.
Elvin Muñoz y Félix Portes, abogados de Carlos Arias y Otoniel Gutiérrez Cruz, dueños del negocio, y de los ciudadanos que estabán allí cuando ocurrió el incidente, solicitarán sanciones disciplinarias «sin importar rangos o cargos» contra Núñez y los militares y policías que habrían cometido exceso de poder y otras irregularidades en el caso.
“Luego viene el asunto penal, y nosotros confiamos en que la comisión que está dirigiendo las investigaciones presentará sus conclusiones tan pronto culminen las diferentes etapas de la misma”, puntualizó Muñoz, quien fue procurador fiscal titular de Montecristi desde el año 1996 al 2000.
El exfiscal se sumó a los sectores que denuncian el incremento de los puntos de drogas en esta localidad y dijo que cuando dejó la Fiscalía solo funcionaban 14 y en la actualidad hay 35.
La barbería, propiedad de Carlos Arias y Otoniel Gutiérrez Cruz, permanece cerrada.
Con relación al caso, la DNCD confirmó que ha interrogado a un mayor, un capitán y un cabo, y no descartó incluir a otros agentes.
Varias personas se han acercado a la barbería para denunciar ante la prensa haber sido víctimas de las «bellaquerías» de la fiscal Núñez.
Wanda Nova denunció que fue presionada por la funcionaria para que se declarara culpable de una droga que le pusieron en su vivienda, tras lo cual fue condenada a un año de cárcel.
Los dirigentes comunitarios Julio César Vargas y Persio Vásquez declararon que «es un secreto a voces que los agentes de la DNCD, la Policía y esa fiscal cobraban dinero del narcotráfico».
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