El Ministerio Público informó este viernes que depositó un recurso de apelación contra la resolución que puso en libertad provisional a Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón Rijo.
A través de una nota difundida por su dirección de prensa, la institución expresó que la variación de las medidas de coerción a esos imputados carece de fundamento, porque no han cambiado los presupuestos que en junio pasado le fueron presentados al juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco para imponerlas.
El organismo llamó a la ciudadanía a permanecer atenta y vigilante de los jueces que conocerán esta apelación, destacando que luchar contra la corrupción y la impunidad es una tarea que debe involucrar la participación de toda la sociedad.
Recalcó que a pesar de la variación en las medidas de coerción, tanto a Díaz Rúa y Rondón Rijo, como a otros de los 14 implicados hasta el momento, el caso Odebrecht continúa abierto, por lo que todos los responsables deberán responder en los tribunales, por los delitos que se les señalan.
La entidad defendió la ardua y fructífera labor que, sin descanso, ha realizado el equipo de fiscales de carrera a cargo de esta investigación, calificando además extemporáneo o interesado decir que el expediente construido hasta ahora es débil.
En ese sentido, la declaración señala que con los datos y evidencias recabados en el país por esos fiscales, junto a los testimonios, archivos, documentos bancarios, contratos, emails y cientos de informaciones suministradas por Odebrecht, a la fecha, el Ministerio Público puede garantizar que tiene en sus manos un caso fuerte.
Señaló igualmente que no obstante, ese equipo de fiscales de carrera continúa recolectando más elementos probatorios, para dentro del plazo de 8 meses concedido en junio pasado por el juez Ortega, presentar una acusación que asegure sanciones ejemplares para todos los involucrados en el entramado ilícito orquestado en el país, bajo auspicio de la multinacional brasileña.
El organismo de persecución pidió confiar en el trabajo que realiza y no hacer caso a la campaña de opiniones interesadas, motorizada, principalmente, por vinculados a los implicados o por personas que nunca han visto una página del expediente, las que afirmó, además de intentar desprestigiar la institucionalidad, buscan matar la fe que tiene el pueblo, de que en este caso se está procurando justicia sin importar quienes sean los responsables
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