El juez de instrucción Mathieu Chanlatte renunció a la investigación del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, y sin muchas explicaciones alegó razones de conveniencia personal.
Chanlatte fue designado el pasado lunes por el decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint Vil, y su nombramiento provocó críticas entre quienes señalaban al letrado como cercano al partido gobernante.
De hecho, Pierre Espérance, coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que el magistrado trabajó antes en archivos como las cartas de identificación Dermalog, que salpicaban a la ex primera dama, Martine Moïse, y el caso entre el Estado y la empresa privada destinada a la electricidad Sogener.
Para el juez Jean Wilner Morin, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Haití, la presencia de las bandas armadas en las inmediaciones del tribunal en momentos de un grave deterioro de la seguridad, complica que los letrados quieran investigar un caso de tan alto perfil.
«Yo dije que sería difícil para el juez Chanlatte, sigue teniendo el mismo coche, no tiene otros agentes de seguridad adscritos a su servicio», dijo el abogado a la prensa.
Chanlatte se retira 24 horas después de conocerse la muerte misteriosa del secretario judicial Ernest Lafortune, asignado al magistrado, y cuyo cuerpo fue encontrado sin identificación en una sala del Hospital General de Puerto Príncipe.
«Los asesinos del presidente Jovenel Moïse ganaron su caso. La campaña de intimidación orquestada contra el honorable juez Chanlatte ha tenido el efecto deseado, quieren que el caso sea entregado a un juez de su elección para que los exonere», escribió en las redes el expresidente de la Cámara baja, Gary Bodeau.
El exparlamentario que llamó a la movilización general, se pronunció antes sobre la supuesta campaña de difamación en los medios de comunicación contra el magistrado.
La renuncia de Chanlatte podría atrasar aún más la investigación del magnicidio ocurrido el 7 de julio, y por el cual están arrestados más de 40 personas.
También pone de relieve las debilidades del sistema judicial, que de acuerdo con la estatal Oficina de Protección del Ciudadanos promueve la impunidad.
La semana pasada la Cancillería solicitó asistencia de Naciones Unidas para la formación de una comisión internacional de investigación en apoyo a los trabajos de los órganos nacionales y la creación de un tribunal especial para el enjuiciamiento de los presuntos culpables, aunque aún no recibió respuesta.
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